Mi paso por los centros de menores a sido fugaz, muy fugaz. Aún así, el impacto me ha dejado recuerdos para el resto de mi vida.
El primer centro cerrado de menores en el que trabajé era un centro de protección gestionado por la administración de la Generalitat de Catalunya. Todavía me dan escalofríos cuando lo recuerdo. Estuve unos 40 días. 40 días no es nada claro está pero fue suficiente como para no volver en la vida. Estando allí recuerdo que no me lo podía creer...cómo podía ser aquello posible. Fue una experiencia psicodélica de la que uno no se puede olvidar: aluciné.
El centro estaba calificado como comunidad educativa pero entorno a la mitad de la población o más estaba en tratamiento psiquiátrico y/o psicológico... había una buena diversidad de “diagnósticos”. Sin embargo, allí no había un nivel de cualificación profesional adecuado para atender a las personas internadas. El centro se había convertido en un centro terapéutico de hecho. Pero ni las autoridades, ni los educadores o responsables del centro parecían comprenderlo. Eran los educadores los responsables de atender, “tratar” educativamente o dispensar las medicinas a discreción. Un centro con aproximadamente unos 23 niños y jóvenes desamparados (NO DELINCUENTES, QUE CONSTE). Algunos de los menores eran drogados cínicamente por algunos/as educadores/as de los que dependían. Educadores/as, que evidentemente odiaban su trabajo, odiaban a los niños y que básicamente no tenían escrúpulos en doblarles las dosis de las medicaciones prescritas por los terapéutas de turno. Educadores/as que no se cortaban en acosar o permitir el acoso a algunos/as menores. Educadores/as que confundían lo educativo y lo terapéutico, la responsabilidad con la enfermedad o confundían las pautas de comportamiento adquiridas con las pautas de comportamiento derivadas de patologías o deficiencias. Educadores/as que por mantener un puesto de trabajo y un buen sueldo (el doble que en la privada) son capaces de justificar lo injustificable. Ni qué decir tiene que intentar cuestionar ciertas prácticas del centro significaba tu ejecución como profesional en el mismo. La mayoría se agrupaban como una jauría de perros contra todo cuestionamiento.
Ya hemos comentado en otra entrada que podemos encontrarnos con centros de protección y con centros de castigo y reforma pero no debemos de obviar lo obvio, es decir, los centros terapéuticos. Es más que habitual el cóctel entre las tres funciones y lógicas puestas en juego. Hay centros educativos de protección (educandos tutelados), hay centros penales de reforma (presos) y centros para tratar enfermedades psiquiátricas o “trastornos de la conducta” (pacientes, enfermos). Esto que puede parecer insignificante es un elemento relevante para entender las lógicas que se ponen en juego en diferentes instituciones. Resumiendo un poco:
Cada tipo centro tiene su propia lógica, su propio discurso y sus propias prácticas aunque en muchos podemos encontrar una combinación-confusión de diferentes discursos. El discurso dominante en los centros educativos es/debe ser educativo, pedagógico, social, cultural, inclusivo. En los centros penales el discurso dominante es un cóctel de penal, criminológico y psiquiátrico (encierro, castigo, “tratamiento” y re-educación, re-habilitación, re-inserción). En los centros terapéuticos el discurso básico es “tratamiento”, “terapia”, medicación y más re, re, re. La verdad es que muchos de los profesionales que he conocido tienen tal cacao mental con los diferentes discursos que te puedes encontrar educadores/as hablando como psiquiatras o como monjitas, psicólogos clínicos hablando de actividades didácticas o de caridad y psiquiatras, los psiquiatras... bueno, estos están en todas partes y lo abarcan casi todo (como dios): son los sacerdotes del siglo XXI en la religión de la ciencia positivista liberal y tal. La ideología médico-psiquiátrica y liberal lo impregna casi todo.
Cambiando el tercio.
Sobre las malas prácticas y los malos tratos yo no creo, como señala el experimento de Stanford, que sean básicamente buenas personas que se comportan como animales porque se encuentran en determinadas circunstancias. Hay educadores/as que huyen de los centros de maltrato lo que demuestra que dicha hipótesis no tiene ninguna fundamentación. En todo caso, no creo que el tema sea la maldad o la bondad del personal y mucho menos las cualidades y esencia de la naturaleza humana, tampoco la presión del grupo sino el respeto a la legalidad, a los derechos humanos o los códigos éticos. Este es el tema: la vulneración de derechos y libertades desde las instituciones privadas y públicas y sus respectivos profesionales. Sabemos que hay gente que es capaz de matar por muy poco dinero pero nos olvidamos que hay quien disfruta haciéndolo gratis.
Del informe del Defensor del Pueblo podemos inferir la negligencia, imprudencia, impericia y la iatrogenia o pedagogenia (daño causado por los educadores por acción u omisión) como prácticas profesionales institucionalizas. No hablamos de cosas que puedan pasar puntualmente. Las cosas que señala el Defensor del Pueblo en su informe tienen un carácter sistemático e institucionalizado en cierta tradición profesional. Son cosas que se vienen denunciando hace tiempo ( Sindic de Greuges, Centros de Menores, Social y Justicia). Sobre todo se trata de Malos Tratos Institucionales o Malos Tratos Profesionales donde las situaciones de negligencia, imprudencia, impericia e iatrogenia parecen haberse cronificado. O dicho de otra manera: pura delincuencia profesional. Son hechos delictivos que difícilmente las fiscalías investigarán hasta el fondo porque son precisamente las fiscalías las que tendrían que ser investigadas. ¿Pero quién vigila al vigilante? La fiscalía es quien asume la tutela y guarda administrativas de los menores. Son ellas en última instancia las responsables de lo que pasa o no pasa en los centros pero, como señala el Defensor, en la práctica sólo a efectos formales. De todos es sabido la endogamia enfermiza que se dan tanto en la profesión de fiscal como en la judicatura. Además, también es vox populi que estos/as señores/as están por encima del bien y del mal: no hay quien fiscalice a estos profesionales. ¿Cuantos fiscales o jueces hay en la cárcel?. ¿Qué porcentaje de denuncias contra jueces o fiscales prosperan? Pero que tonto que soy... Se me había olvidado que la cárcel es para los pobres, toxicómanos, inmigrantes...
Yo insisto:
1º Prisión para los delincuentes (suicidios, muertes “accidentales”, contenciones ilegales, aislamientos ilegales, inmovilizaciones ilegales o medicaciones criminales)
2º Inhabilitación permanente para todos los profesionales implicados.
3º Cierre definitivo de los centros maltratadores.
4º Listados públicos con los nombres de los profesionales maltratadores y los accionistas o dueños o responsables de los centros.
Esto... ¿pido mucho?
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